8/12/2017

COMUNICADO PÚBLICO COMUNIDADES MAPUCHE TEHUELCHE

" Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado"

MapuTehuel

“Nosotros, las comunidades Mapuche-Tehuelche: VUELTA DEL RIO, SANTA ROSA LELEKE, LOF CAYUN (Lago Puelo), LOF CAÑIO, ÑIRIPIL (Buenos Aires Chico), ÑAMKULAWEN LOF (Comodoro Rivadavia), NEWEN MOLFUN ( Pico Truncado), CALFU NAO (Trelew) , nos solidarizamos con los familiares de Santiago Maldonado desaparecido en un contexto de represión a una comunidad mapuche, y exigimos su aparición con vida a todas las autoridades políticas, judiciales y demás fuerzas represivas responsables y cómplices de que esta situación haya llegado a las instancias actuales”. Inicio del pronunciamiento Mapuche/Tehuelche que completo, brindamos más abajo. 

El en el texto, los compañeros afirman: “En defensa de la vida de todos y denunciando las injusticias a las que todos estamos expuestos: Nosotros Comunidades Mapuche- Tehuelche decimos que “Siempre estuvimos, estamos y estaremos en nuestro territorio y defenderemos una vida digna en ellos”.

Nosotros, comunidades Mapuche-Tehuelche repudiamos enérgicamente el accionar represivo del estado en sus distintas instancias, una vez más, en contra del Pueblo Mapuche, la criminalización de la protesta social y el nulo valor que la vida tiene para el gobierno. Somos conscientes que un hecho como este se puede repetir y que ninguno de nosotros está –y nunca estuvo- exento a sufrir el autoritarismo y arbitrariedad estatal. Ante esto nos preguntamos: ¿A cambio y en pos de qué intereses mezquinos y egoístas desaparece una persona? Nos preguntamos: ¿En nombre y justificación de qué, como parte de los Pueblos Originarios de este país, tendríamos que aceptar que nos nieguen y atenten en contra de la defensa de nuestras vidas, de nuestros territorios y de nuestras subsistencias?

Para nosotros, que venimos resistiendo ancestralmente por existir desde el principio de los tiempos, los engaños, la manipulación, los hostigamientos por parte del estado — y sectores privados— y las persecuciones, forman parte de nuestra historia de vida colectiva. Nuestros papay; lonkos; pillan kushe; kuifikecheyem fueron avasallados y, desde entonces, se ha persis-tido en quitarnos toda posibilidad de autodeterminar nuestras vidas comunitarias. Hoy, cuan-do la historia da testimonio de que somos lo que el genocidio del estado dejó, nuestras memorias nos cuentan cómo sobrevivimos y por qué aún estamos vivos. Entonces, porque esto ya nos pasó, hoy estamos con la familia de Santiago, los acompañamos y nos solidarizamos con ellos.

Porque nosotros, Comunidades mapuche tehuelche, nunca convalidaremos el silenciamiento, la desinformación, la negligencia, el miedo, el agravio a la vida, las mentiras. También decimos que esto es una prueba más del fracaso con el modo en que las autoridades vienen abordando la realidad que plantean las Comunidades Indígenas. También es el resultado de la falta histórica de políticas de acceso a la tierra y al territorio, la falta de diálogo por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, ignorancia y falta de preparación de funcionarios e interlocutores que el estado designa para tratar las cuestiones relativas a los Pueblos Originarios. También es la falta de comprensión de que existe una deuda histórica del Estado con los Pueblos Originarios que se debe reparar con diálogo, igualdad, respeto y autocrítica por parte del Estado, y no con violencia, represión, provocaciones y discriminación. Es el resultado de instituciones ausentes como el INAI, el IAC y Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia que no ponen en vigencia nuestros Derechos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales. Y es el resultado, también, de la incapacidad y falta de voluntad que han demostrado amplios sectores de la sociedad para revisar nuestra propia historia colectiva y prefieren, en cambio, quedarse en el agravio y la descalificación.

En defensa de la vida de todos y denunciando las injusticias a las que todos estamos expuestos: Nosotros Comunidades Mapuche- Tehuelche decimos que “Siempre estuvimos, estamos y estaremos en nuestro territorio y defenderemos una vida digna en ellos” y reiteramos que exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Marichi weu, Marichi weu, Marichi weu, Marichi weu 

EMVyJ : APARICIÓN CON VIDA YA! DE SANTIAGO MALDONADO. ¡EL ESTADO Y EL GOBIERNO SON RESPONSABLES!

PRONUNCIAMIENTO 11/8/2017
APARICIÓN CON VIDA YA! DE SANTIAGO MALDONADO.
¡EL ESTADO Y EL GOBIERNO SON RESPONSABLES!

Desde el martes 1º de agosto, se encuentra desaparecido Santiago Maldonad o, luego de la brutal represión de gendarmería al interior del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) por parte de más de cien efectivos de esa fuerza nacional de la que es responsable la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Cada vez más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta.

Santiago Maldonado se encontraba en un acampe en solidaridad con la lucha de la comunidad mapuche donde pasó la noche, y se encontraba presente en el momento en el que las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al lof de Cushamen en Chubut, predio recuperado por la comunidad mapuche, disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso.

La desaparición de Santiago se da en el marco de una tremenda represión en la provincia de Chubut contra la comunidad mapuche que reclama su derecho a ocupar sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año, el gobierno provincial y el gobierno nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo mapuche en defensa de los usurpadores de sus tierras como los empresarios Lewis y Benetton. Así, con el fin de disciplinar a la comunidad, la Gendarmería detuvo nuevamente, a fines de junio, al lonco  Facundo Jones Huala, aunque la justicia argentina no tiene causas contra él y ya se había expedido en cuanto a declarar la nulidad del pedido de extradición del gobierno chileno.

La represión del 1º de agosto fue dirigida personalmente por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y ex defensor de genocidas, Pablo Noceti, que  acusa de terroristas a los miembros de la comunidad y a quienes los apoyan. En el mismo sentido, distintos sectores de la prensa pro-gubernamental han respondido al pedido de aparición con vida de Santiago con la acusación de terrorismo hacia el pueblo mapuche.

La Gendarmería detuvo a Santiago, por lo tanto el gobierno nacional no puede responder que no sabe dónde está, ni negar la detención de Santiago, ni, como declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decir que no sabía si Santiago Maldonado estaba en la movilización porque “todos estaban encapuchados”Santiago fue detenido por la Gendarmería y el gobierno nacional es responsable.

Denunciamos también que el anuncio de una supuesta recompensa esconde una trampa, pues cuando aclara que sólo se tendrá en cuenta “a aquellas personas que no hayan intervenido en el hecho delictual”, pretende dejar afuera a los miembros de la comunidad que vieron la detención de Santiago.

Exigimos la indagatoria inmediata de los miembros de la Gendarmería Nacional que participaron de la represión y de Pablo Noceti (Secretario de Gabinete del Ministerio de Seguridad) que dirigió la represión. La única seguridad para los testigos es que los represores estén en prisión.

¡Fuera Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad!

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia responsabilizamos al gobierno nacional y al gobierno provincial por la desaparición de Santiago Maldonado y exigimos su Aparición con vida ¡YA!
ü  Basta de persecución a los pueblos originarios.
ü  Libertad a Facundo Jones Huala.
ü  Aparición con vida YA! de Santiago Maldonado.
ü  El gobierno nacional y el Estado son responsables.
ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Comunicado de la resistencia mapuche ante desaparición del anarquista Santiago Maldonado

Resistencia Ancestral Mapuche 

* Santiago Maldonado “el Lechu”, compañero anarquista en la defensa del pueblo mapuche, desaparece en manos de la Gendarmería argentina

El 1 de agosto de 2017 las fuerzas represivas del estado argentino allanaron con brutal violencia el Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen, provincia de Chubut, al sur del país y próximo a la frontera chilena. Este territorio, originario del pueblo mapuche, les fue arrebatado por el gobierno para ponerlo a disposición del capitalismo y la devastación. Y así continuar con el hostigamiento y expolio que la población indígena enfrenta desde la formación de los estados argentino y chileno (fronteras, además, que no se corresponden con el territorio ancestral indígena y por el que no pueden moverse libremente).

Expolio que comenzó ya mucho antes, desde lo que llaman “descubrimiento” de América: inicio de una masacre colonizadora que nunca terminó y que sin crítica ni responsabilidad alguna se sigue enseñando como un logro en las escuelas del estado español.

Cualquier tipo de devastación les sirve de negocio: la tala forestal, la extracción de petróleo, las centrales hidroeléctricas, las infinitas hectáreas de cultivos transgénicos, o como en este caso: la explotación animal, pues estas tierras se las apropió la empresa italiana Benetton (Compañía de Tierras del Sud Argentino) y en ellas explotan a cien mil ovejas para la producción de lana.

La Gendarmería entró en la comunidad disparando balas de plomo y pelotas de goma, agrediendo a la gente y quemando sus pertenencias. Alguna gente cruzó el río para escapar y varias personas declaran haber visto como pegaban y se llevaban a alguien en una camioneta.

Desde entonces no se sabe nada de Santiago Maldonado. En ninguna de las comisarías de la región se registra su ingreso y la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, ha demorado cinco días en decir que no se conoce su paradero y que Gendarmería no está implicada.

Este allanamiento no es un caso aislado: ocurrió en el mismo Lof el enero pasado y forma parte de la cotidianidad del pueblo mapuche y todas las comunidades indígenas, que resisten y enfrentan cada día el hostigamiento físico y psicológico por parte de las fuerzas de estado. Y esto quiere decir: balas de plomo, destrozo de sus casas y pertenencias, agresión física y verbal, intimidación, ilegales procesos de espionaje y montajes políticos y policiales para justificar el encarcelamiento de sus miembros más activos. Este es el caso de Facundo Jones Huala, lonko mapuche detenido en junio, encarcelado en Esquel y en huelga de hambre actualmente.

Poco después de una manifestación exigiendo la libertad de Facundo en la que hubo nueve detenidos en la ciudad de Esquel, fue que la Gendarmería intervino en el Lof de resistencia Cushamen y secuestraron a Santiago.

El mismo jefe del gabinete de seguridad del estado, Pablo Nocetti, declara estar coordinando las acciones represivas contra los miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Además avala las intervenciones violentas y allanamientos ilegales en las comunidades.

El RAM es un grupo de resistencia mapuche que lucha por recuperar la vida en el territorio originariamente habitado por su pueblo. Poder dar, así, continuidad a su existencia, que por todos los medios los estados quieren destruir. Porque esta existencia no se rige por sus normas y no admite la sumisión.

Este viernes 11 está convocada una manifestación a nivel nacional en Argentina, cualquier muestra de solidaridad desde este lado del Atlántico es importante.

Por favor difundan todo lo posible y estén al tanto de posibles convocatorias.

Basta de impunidad policial y terrorismo de estado
Por el fin del hostigamiento a la lucha mapuche y los pueblos originarios
Por la libertad de Facundo Jones Huala
Boicot a Benetton
Exigimos la entrega de Santiago Maldonado

3/22/2017

Conferencia de prensa del Encuentro Memoria Verdad y Justicia

 https://youtu.be/TfX7H3ikURY



Salón Consular del hotel Bauen- Buenos Aires

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una Conferencia de Prensa para presentar las actividades y cronograma de la marcha y acto que realizará el 24 de marzo en repudio al golpe genocida de 1976.
Al cumplirse 41 años del golpe del 24 de marzo de 1976 y, frente a un gobierno que pretende desconocer el carácter genocida de la dictadura y su consecuencia de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca a marchar bajo las consignas:

SON 30.000- FUE GENOCIDIO

- Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy- No a la Reconciliación.

- No al ajuste, la entrega y la represion de Macri y los gobernadores.

- Cárcel común y efectiva a todos los genocidas- Perpetua a Milani.

La Conferencia de Prensa se realizó en el Hotel Bauen, para confirmar nuestro compromiso en defensa de sus trabajadores y en contra del desalojo que pretende el Gobierno Nacional.


https://www.youtube.com/watch?v=TfX7H3ikURY

1/24/2017

9.000 familias indígenas resisten en Argentina la presión de los terratenientes de la soja

El Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, aglutina desde los años 90 la lucha de las comunidades de esa provincia semidesértica argentina contra la progresiva ocupación de unas tierras en las que llevan siglos viviendo

Deolinda Carrizo, miembro de Mocase, denunció cómo los terratenientes amedrentan a los indígenas fumigando zonas habitadas y contratando paramilitares.

EDUARDO BAYONA (Publico)
@e_bayona


ZARAGOZA.—“Para nosotros es dificultoso disponer de un papel [de propiedad], pero un papel no da derecho a destruir un ecosistema”. Deolinda Carrizo, del Mocase (Movimiento Campesino Santiago del Estero), explicó este lunes en Zaragoza, en un acto convocado por el Comité de Solidaridad Internacionalista, la lucha que desde hace más de 25 años mantienen las 9.000 familias agrupadas en este colectivo contra el desalojo silencioso al que vienen siendo sometidos por terratenientes y grandes empresas que están extendiendo por esta provincia del norte de Argentina el monocultivo de la soja transgénica.

Santiago del Estero es una semidesértica provincia del noreste de Argentina –su superficie equivale a la de Castilla y León y Extremadura juntas, con 20.000 habitantes más que Guadalajara- que forma parte del Gran Chaco y a la que a principios de los 90 comenzaron a llegar propietarios de grandes extensiones de los que hasta entonces nadie había oído hablar.

Intensificaron el proceso de ocupación de tierras iniciado en la dictadura —ahora para implantar el monocultivo de la soja—y el desalojo de comunidades, muchas de ellas de pueblos originarios anteriores a la colonización. “No sabemos de dónde salían esos títulos, algunos eran prendas de deudas que habían acabado en el juzgado”, señala Carrizo.

“Lugares despreciados para el progreso”

El proceso, impulsado por “la necesidad de ocupar los lugares del país que habían sido despreciados para el progreso”, se intensificó en 1996, con la autorización para cultivar en Argentina soja transgénica, que hoy es prácticamente un monocultivo en la zona.
Y que lleva camino de agravarse con las políticas de Mauricio Macri, cuyo Gobierno ha eliminado los impuestos que gravaban la exportación de ese cultivo —también los del maíz y los productos mineros— y ha abolido el límite del 20% de la propiedad de la tierra al que podía acceder el capital extranjero.

El avance de las toperas, las máquinas que allanan lomas y deforestan llanuras, y de las vallas que agrandan las propiedades de terratenientes y empresas al tiempo que achican el espacio de las comunidades, se ve apoyada por dos estrategias cuyo objetivo es amedrentar a los indígenas, explica Carrizo: las fumigaciones indiscriminadas, incluso sobre los pequeños núcleos de población y sus escuelas, y la aparición de escuadrones de la muerte.
“Contratan paramilitares para expulsar a las familias”

“Están contratando a grupos armados paramilitares para expulsar a las familias. Se está reactivando la criminalización en la lucha por la tierra, como en los años 90”, indica, en una estrategia del terror que hace unos años se cobró la vida de dos activistas. Esas decisiones de Macri, anota, “están reactivando muchos conflictos” tanto en el norte como en el sur de Argentina, en la zona de los mapuches, como consecuencia de los procesos de acaparamiento de tierra.

“Muchas familias llevan siete, diez y más generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades históricas como a las familias que cultivan un terreno”

El inicio de las hostilidades hizo que las comunidades indígenas de Santiago del Estero comenzaran a organizarse. Normalmente, cada familia combina la crianza de cabras, vacas y chanchos (cerdos) con el cultivo de parcelas de 10 a 30 hectáreas de secano, más extensiones secas de varios miles con otros grupos, con cuya producción subsisten y suministran a los mercados locales.

“Muchas familias llevan siete, diez y más generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades históricas como a las familias que cultivan durante veinte años de manera pacífica un terreno”, explica Deolinda Carrizo, que sostiene que “logramos resistir de manera conectiva difundiendo el conflicto” cuando comenzaron a ser expulsadas y a perder sus tierras a principios de los 90. “No les interesa la soberanía de los pueblos, solo les interesa la soberanía de las corporaciones que vienen a romper nuestra forma de vida”, sostiene.

Fábricas y una escuela de agroecología

Mocase, integrado en Coloc (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y en Vía Campesina —representa a más de 200 millones de campesinos de 164 organizaciones de 73 países—, ha apostado por dos líneas de trabajo para mejorar la situación de las comunidades de Santiago del Estero: fomentar la puesta en marcha de fábricas de transformación agroalimentaria y promover una Escuela de Tecnicatura Agroecológica en la que, desde hace ya diez años, la enseñanza de técnicas académicas se combina con la de las tradicionales.

“No les interesa la soberanía de los pueblos, solo les interesa la soberanía de las corporaciones que vienen a romper nuestra forma de vida”

El centro incluye estudios de disciplinas no agrarias, como arquitectura, medicina y comunicación, y sus planes de estudio combinan las estancias de los alumnos en universidades públicas con las que mantienen convenios con la realización de prácticas en las comunidades.

“El reto de Vía Campesina —señala Carrizo— es poner en marcha el Instituto de Agroecología latinoamericano”, una especie de universidad popular de esta disciplina que cuenta con el apoyo de centros de Argentina, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil.

12/30/2016

Reclamo en Tucumán por la muerte de tres militantes de HIJOS

Familiares y organismos de DDHH reclamaron justicia por Natalia Ariñez, Marianella Triunfetti y Alejandra Würschmidt frente a los tribunales de la capital provincial.
Felipe Yapur @felipeyapur
Martes 27 de Diciembre de 2016

Los organismos de Derechos Humanos y los familiares de las militantes Natalia Ariñez, Marianella Triunfetti y Alejandra Würschmidt, fallecidas en un accidente automovilístico en Tucumán el pasado 17 de diciembre, se congregaron este lunes en la puerta de los tribunales locales. El juez Víctor Pérez y el fiscal Washington Navarro Dávila se comprometieron a modificar la carátula del expediente a triple homicidio con dolo eventual.

El objetivo de la movilización era buscar una definición clave de la causa judicial antes de que comience la feria estival. Todo indica que lo consiguieron, sobre todo porque el propio fiscal dijo a los medios de prensa tucumano que “en el expediente está acreditado que es un triple homicidio con dolo eventual” por el estado del conductor que provocó el accidente, Adrián Juárez.

Hasta ahora el caso se había registrado como triple homicidio culposo, que conlleva una pena menor y favorable para el responsable de las muertes. Según versiones, el hombre intentó evitar un control de alcoholemia y terminó cruzándose de carril en la autopista de circunvalación de la capital tucumana. Los análisis determinaron que tenía 1,79 gramos de alcohol en su sangre al momento de provocar el accidente.

El lunes por la mañana, a pesar de la temperatura agobiante, 300 personas, entre familiares, amigos y miembros de HIJOS, se plantaron frente al edificio del Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán, donde supo funcionar el Distrito Militar Tucumán. Las pancartas con los rostros de las tres mujeres fallecidas se multiplicaron y una tela inmensa con la frase “Justicia por nuestras tres compañeras”.

Ivan Jegger, uno de los más antiguos militantes de HIJOS de Tucumán, dijo que el principal reclamo es exigir justicia. “La muerte de nuestras compañeras es un golpe muy duro. Murieron militando y seguiremos luchando por ellas”, señaló.

“Le pedimos al juez que tenga conciencia de que esto no fue un accidente sino un homicidio con dolo eventual y por eso estamos acá”, aseguró María Coronel, integrante de HIJOS y responsable del Espacio por la Verdad que funciona en el ex centro clandestino de detención conocido como Escuelita de Famaillá. Las tres jóvenes volvían tras habían participado de una actividad en ese sitio de memoria cuando se produjo el choque fatal.

Para Andrea Vicente, también hija de desaparecidos y compañera de militancia de Natalia, Marianella y Alejandra, señaló: “Es un dolor muy grande porque de alguna forma son hermanas de sangre. Eran chicas de mucha vida, que luchaban por la vida y la justicia. Se las extraña mucho”.

En principio, el compromiso del fiscal dejó conforme a los familiares de las víctimas y manifestantes pero también alertas ante la siempre apocada velocidad de la Justicia que permita dilaciones fruto de la inminencia de la feria judicial.

(Con la colaboración de Laura Bravo desde Tucumán)

11/05/2016

Actividades a tres años de la desaparición de Daniel Solano

Choele Choel.- Al cumplirse tres años de la desaparición del joven trabajador Daniel Solano, un grupo de vecinos, allegados y amigos de la Familia Solano convoca a toda la comunidad a acompañar bajo el lema “seguimos buscando justicia” a las diferentes actividades que se realizarán en estos días en reclamo del esclarecimiento total del hecho.

Actividades por Daniel Solano

El cronograma de actividades comienza el miércoles 5 de noviembre en el acampe de la familia Solano donde se celebrará una misa a las 19 hs y continuación se proyectará el documental ”¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una Causa”.

Para el viernes 7 de noviembre se proyectará nuevamente el documental en el acampe de la Familia Solano en la Av. San Martín y Namuncura.
Los días viernes 14 y sábado 15 se realizará la restauración del mural que se encuentra frente a la Comisaría 8va, en la calle 25 de Mayo. La restauración estará a cargo de su creador el artista plástico Chelo Candia.

Para finalizar, el domingo 16 habrá un Jornada Cultural y Reflexiva en el acampe de la Familia Solano a partir de las 14 hs con diferentes actividades.-

5/09/2016

Solidaridad con los trabajadores de Tierra del Fuego. - Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

No dejemos que sigan escondiendo este conflicto.

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Compañeros y compañeras:

Como parte de una campaña nacional en solidaridad con los trabajadores de Tierra del Fuego, enviamos declaración, con las firmas de los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, en repudio a la persecución desatada en Tierra del Fuego contra los trabajadores estatales.

Convocamos a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas a acompañar con su firma esta declaración, enviando su adhesión a la dirección: treintaanios@gmal.com

DECLARACIÓN:

POR EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES FUEGUINOS

LIBERTAD SIN CONDICIONES PARA LOS 5 TRABAJADORES LIBERADOS

El martes 3 de mayo durante la madrugada, en operativos que hicieron recordar el accionar de la policía y bandas paramilitares en Villa Constitución durante el gobierno de Isabel Perón, fueron detenidos 5 dirigentes sindicales en Ushuaia, en momentos que ya llevaban 63 días de conflicto .

El mantenimiento del paro, acompañado de una gran movilización en Tierra del Fuego y la inmediata solidaridad en el resto del país que se tradujo en movilizaciones en Buenos Aires, Córdoba, y en Neuquén un paro con movilización logró que el jueves los detenidos fueran liberados.

Pero la libertad no fue total, ya que el juez Javier de Gamas Soler, el mismo que está imputado en la causa AMIA por encubrimiento junto al juez Galeano, les puso como condiciones para su libertad que no puedan acercarse a edificios públicos, lo que no les permitiría continuar participando del acampe, y no poder estar en la calle entre las 22hs y las 6hs, imponiéndoles así un eventual toque de queda que convierte su libertad en una prisión domiciliaria.

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia exigimos el fin de la represión y persecución a los cinco dirigentes sindicales fueguinos, que sus libertades no sean condicionadas y se anulen las leyes aprobadas el sábado 9 de enero a la madrugada, que provocan un tremendo ajuste en la provincia, modifica el régimen previsional provincial, el de Seguridad Social e Impositivo.

La gobernadora Bertone del FPV, alineada con las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, en lugar de reprimir, debería dar lugar a los reclamos de los trabajadores y el pueblo de Tierra del Fuego.

POR EL TRIUNFO DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES FUEGUINOS

LIBERTAD SIN CONDICIONES PARA LOS 5 TRABAJADORES LIBERADOS

BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

PRIMERAS FIRMAS:

AEDD-Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
APEL- Asociación de Profesionales en Lucha
CADEP- Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
CADHU- Centro de Abogados por los Derechos Humanos
CEPRODH- Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
CMC-Colectivo Memoria Militante
CORREPI- Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
EATIP-Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial
LIBERPUEBLO- Asociación por la Defensa de la libertad y los Derechos del Pueblo

1/28/2016

NO a la extradicción de Apablaza a Chile ex guerrillero del FPMR

La vicepresidenta Gabriela Michetti dejó al descubierto la intención del gobierno de Mauricio Macri de extraditar a Chile a Galvarino Apablaza, el militante y ex guerrillo trasandino, con asilo político en la Argentina, que está acusado de haber participado en el asesinato del senador de su país, Jaime Guzmán, en 1990.

"(El tema) lo vamos a hacer lo más rápido posible, con la mayor celeridad y la idea es, incluso, en caso de que esto no tenga inconveniencia en términos jurídicos, llegar a la extradición", le dijo Michetti a su par chileno, el presidente del Senado, Patricio Walker, según consignaron en su edición digital diversos diarios trasandinos, según lo informado por Tiempo Argentino

En septiembre de 2010 el gobierno argentino concedió el asilo político al ex guerrillero chileno Apablaza 
El gobierno argentino concedió esta tarde el asilo político solicitado por el ex guerrillero chileno Sergio Apablaza, confirmaron voceros oficiales y la agencia de noticias DH de Buenos Aires La situación de Apablaza fue resuelta a favor del pedido de asilo político por la Comisión Nacional de Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior. Aplabaza había presentado su pedido de asilo hace seis años y recién se lo acordó hoy, cuando el gobierno de Chile insistía en su extradición por presuntos crímenes. La agencia DH, especializada en temas de derechos humanos, confirmó que "fue el propio Apablaza quien nos comunicó la resolución favorable".
La agencia Noticias Argentinas agregó que fuentes del organismo informaron que "la decisión fue adoptada por unanimidad". Familiares de Apablaza confirmaron a ANSA que el ex guerrillero ya fue notificado, pero que el acta de resolución es por ahora "confidencial". Voceros del Ministerio del Interior confirmaron a ANSA que el acta confidencial "está en poder de la justicia" que deberá completar la notificación a la justicia chilena a través de la Cancillería. (ANSA).

Pintan esvásticas frente a la casa de una militante antidiscriminatoria en Mar del Plata

Silvina Elías, integrante de la Sociedad sin Fascismo marplatense, presentó un informe al intendente Carlos Arroyo sobre grupos neonazis y sus actividades. Su casa apareció marcada con círculos rojos y cruces esvásticas.

  Por Carlos Rodríguez
Silvina Elías, integrante de la filial marplatense de la Fundación La Alameda y de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo de Mar del Plata, sufrió intimidaciones a través de las redes sociales y pintadas neonazis en la vivienda en donde vive en esa ciudad. En diálogo con Página/12, Elías señaló que los hechos ocurrieron “cuando estábamos finalizando la redacción de un informe sobre más de treinta casos similares ocurridos desde marzo de 2010 en adelante” y que fue presentado ayer ante el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, a quien le solicitaron “una reunión con carácter de urgencia”. El informe incluye un listado de casos de golpizas, amenazas y pintadas intimidatorias cometidos por distintas organizaciones neonazis. En el texto se hace referencia, en detalle, sobre 31 agresiones y se adjuntó un listado con nombres y apellidos de los principales jefes e integrantes de esas organizaciones.

“Hace un mes me mudé y a los pocos días, en uno de los árboles que están frente a la vivienda apareció pintado un punto rojo”, relató Elías. Poco después “todos los árboles” del frente de la casa (cinco en total) aparecieron manchados con puntos rojos y en uno de ellos pintaron una cruz esvástica en color azul”, agregó.

Otra de las agresiones sufridas se materializó por medio de “un mensaje obsceno” publicado en Facebook, en referencia a una foto subida por Silvina Elías tomada el sábado pasado “en una peña para recaudar fondos para las actividades que venimos realizando con las organizaciones que integran la Asamblea Antifascista” de Mar del Plata. En la casa de Elías se habían realizado varias reuniones de los miembros de esa Asamblea. Las agresiones coincidieron con los actos conmemorativos del Holocausto.

El texto entregado ayer al intendente Arroyo informa en detalle sobre “los graves delitos perpetuados por organizaciones fascistas” en Mar del Plata y en Batán desde 2010 en adelante. Los datos aportados dan precisiones sobre “el accionar de estos grupos, quienes los integran, sus ramificaciones y vinculaciones”. Se resaltó que “no se pueden circunscribir estos actos violentos a peleas entre tribus urbanas o considerarlos hechos aislados” porque “son crímenes cometidos en asociación ilícita por motivaciones fundadas en la discriminación étnica, religiosa, de género y/o ideológica”.

En forma crítica se recordó que las denuncias realizadas “permanecen sin esclarecer pese a la gran cantidad de presentaciones en comisarías, fiscalías, juzgados, entes municipales y las recientes repercusiones mediáticas”. La Asamblea subrayó que “los poderes del Estado deben asumir el compromiso ante los aberrantes hechos que este informe describe y actuar acorde a las responsabilidades que le corresponden, siendo las autoridades políticas quienes en primer lugar deben liderar la lucha contra el fascismo en un Estado democrático”.

Las entidades agrupadas en la Asamblea le reprochan al actual intendente de Cambiemos, el no haber apoyado una declaración del Concejo Deliberante contra la avanzada neonazi. Hasta hoy, la única medida adoptada por el municipio es enviar patrullas municipales a tapar con pintura las leyendas fascistas.

En el informe se puntualizó que el reclamo que formalizan tiene amparo “en el marco del compromiso internacional asumido el 13 de noviembre de 2015, en el que la República Argentina suscribió la resolución de la Tercera Comisión de la Asamblea de las Naciones Unidas para combatir la glorificación del nazismo, neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”.

Se recordó que ese documento surgió “como respuesta a la proliferación en muchas partes del mundo de diversos partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, incluidos los grupos neonazis y de cabezas rapadas, y de movimientos e ideologías racistas extremistas”. En el informe se enumeraron 31 hechos, que van desde la promoción del antisemitismo y el odio racial y de clase, el atentado contra el monumento Memoria-Verdad-Justicia emplazado en la Base Naval de Mar del Plata, ex centro clandestino de detención, y distintas agresiones físicas o verbales contra la organización H.I.J.O.S, la comunidad boliviana, y terribles golpizas contra dirigentes de la comunidad homosexual o grupos anarquistas.

En el informe se aportaron los nombres de las organizaciones y sus principales líderes e integrantes:

- “Fonapa-La Giachino: Organización ultranacionalista involucrada en numerosos delitos de odio y actos violentos. Su líder es Carlos Gustavo Pampillón. El grupo surgió en junio de 2011 cuando el Concejo Deliberante, por pedido de la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia retiró del recinto de sesiones el cuadro del capitán Pedro Giachino, primer argentino fallecido en la Guerra por las Malvinas, denunciado posmortem como represor de la dictadura militar. Otros integrantes del Fonapa son Rubén Osvaldo Alonso (procesado por realizar propaganda nazi), Marcelo Néstor Espinosa, Nicolás Acevedo (es policía municipal), Alejandro Acevedo, Alan Olea (pareja de la hija de 16 años de Pampillón), Brenda Olea, Rodrigo la Puente, Franco Pozas, Silvina Crispino (esposa de Pampillón), Ian Patrani, Mariela Brahim, Verónica Artiguet, Virginia Luján Sosa (ex policía bonaerense expulsada de la fuerza), Rodrigo de los Santos, Carlos Pin Errecaborde (policía), Mirta Palleiro, Osvaldo Alvarez, María Fourcade, Carlos Antonio Arbini, Christian Bustos, Guillermo Enrique Tartaglia, Daniel García, Cristian Pomponio, Maximiliano Nelbone, Gustavo Adan Gottau Raynoso, Gonzalo Paniagua, Víctor Alberto Cuentilli, Héctor Muñoz, Paula Ramos y Cristian Moix (señalado como abogado de narcotraficantes)”.

- “Frente Skinhead Buenos Aires (FSBA): organización neonazi de Buenos Aires cuyo lider es Claudio ‘Kalaka’ D’arpino, quien en 2002 ingresó a la Policía Federal. Participó de la agresión a notero de Duro de Domar.”

- “Bandera Negra: organización fascista marplatense que toma su nombre como burla al movimiento anarquista. Su líder es Alan Olea, también miembro del Fonapa. Sus miembros están involucrados en delitos de odio y actos violentos. Actualmente intentan reclutar menores en las puertas de las escuelas. Tienen un grupo musical de RAC (movimiento internacional de rock anti comunista) cuyo nombre es Six Millon More (seis millones más) en alusión al holocausto judío.”

- “Rosas Rojas: ala femenina de Bandera Negra liderada por la hija de Carlos Pampillón y por otra joven llamada Natalia, ambas menores de edad.”

- “Banda del Rusito: organización de ideología nazi que se dedica a atacar físicamente a personas por su género, orientación sexual, nacionalidad, ideología o religión. La integran Alexender Levchenco (alias El Rusito) Laurent Herve (Alias El Francés), Giovanni y Giuliano Spagnolo (alias Los Chilenos), Nicolás Caputo, y Marcos Caputo.”

1/01/2016

Comunicado de prensa: Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón

 Comunicado de prensa
     La Plata, 30/12/2015
    Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón.

    Justicia Ya! La Plata hace público por este medio su más amplia solidaridad con Chicha Mariani y con Elsa Pavón.

    La incansable búsqueda por parte de una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, en lo personal y en lo de la inmensa mayoría del pueblo, pareció tener un final feliz con el encuentro de quien creyó era Clara Anahí. Sin embargo la confirmación del lazo sanguíneo vía ADN, hecha por un laboratorio privado cordobés, era una primera instancia a la que le faltaba la validación en la justicia. Errores y apresuramientos comunicativos llevaron a dar por corroborado el hallazgo de Clara Anahí Mariani Teruggi a pesar de faltar el paso por la justicia.

    Sin embargo, queremos denunciar que sobre estos errores se han montado una serie de especulaciones políticas que intentan ocultar la responsabilidad del estado en el hecho que a 39 años Clara Anahí siga sin aparecer al igual que los más de 400 jóvenes a los que la dictadura genocida, de muy pequeños robó a sus madres y cambió su identidad. Responsabilidad que es del actual gobierno pero que también lo fue de los anteriores desde la recuperación de la democracia hasta hoy.

    Pese a que el Estado debió velar por el efectivo cumplimiento de su responsabilidad, mediante la apertura total e irrestricta de todos los archivos, así como el de preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos, ideado por Chicha Mariani, el gobierno anterior lo utilizo como coto político, en su pelea por la apropiación de los DDHH, utilización denunciada públicamente por la propia Chicha, por Elsa Pavón, Mirta Baravalle y otras abuelas, junto a sectores vinculados a la lucha por los DDHH.

    Denunciamos que en instancias en que Chicha y su amiga y compañera en estos 39 años Elsa Pavón, necesitan de toda la solidaridad que el momento exige, esas denuncias han sido utilizadas en forma cobarde y artera para agraviar a Elsa y veladamente también a Chicha por sostener esta postura.

    Exigimos la mayor transparencia del BNDG para que se pueda realizar una nueva prueba de ADN con nuevas muestras y con la presencia de Peritos de Parte, así como la reserva de una parte de las muestras para hacer una contra-prueba en un laboratorio independiente y que no haya actuado en este caso, como única garantía para encontrar resultados concluyentes.

    *El estado es el responsable de que aparezca Clara Anahí y los más de 400 jóvenes con identidad desaparecida durante la dictadura.
    *Apertura de todos los archivos
    *Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón.
    NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS



    CONTACTOS DE PRENSA:
    Nilda Eloy: 221-155865035
    Carlos Zaidman: 221-155731407

Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos, María Laura Bretal, HIJOS La Plata, Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), agrupación La Retaguardia, Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Comité de Acción Jurídica (CAJ), Federación Universitaria de La Plata (FULP).

12/07/2015

Barañao y el Banco de Datos Genéticos

HIJOS La Plata


Con Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de los K que mantendrá su empleo con Macri, no sólo Monsanto y los laboratorios se aseguraron la continuidad de sus intereses en ese ministerio.

Vale recordar que con Barañao se ejecutó uno de los zarpazos más descarados de los gobiernos K contra el movimiento de derechos humanos: el desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su traslado del Hospital Durand al edificio del ministerio, en Palermo.

El BNDG es un preciado botín. Fue creado en 1984 por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, encabezadas por "Chicha" Mariani. Desde entonces fue un instituto público dedicado a identificar a los hijos apropiados por la dictadura y también casos ocurridos en democracia, en forma gratuita. Un centenar de nietos fueron identificados gracias al BNDG.
En 2009, el kirchnerismo hizo aprobar en el Congreso un recorte de las competencias del BNDG y su traspaso a la órbita del ministerio de Ciencia. Su pretensión es convertir el BNDG en la plataforma para el desarrollo de la "medicina genómica" (personalizada) en sociedad con el capital privado. Para "coordinar" el traspaso Barañao nombró a Hernán Dopazo, un lobbista de los grandes laboratorios. Recientemente fueron designados, mediante de un "concurso hecho a medida", dos accionistas de laboratorios genéticos privados.

Familiares, organismos de derechos humanos independientes como el Colectivo Memoria Militante, Hijos La Plata y Apel, junto con Abuelas históricas como "Chicha" y Elsa Pavón, denunciamos este operativo, que aún sigue su trámite en la Justicia. El gobierno porteño de Macri, por su parte, primero guardó silencio cómplice. Más tarde, bloqueó un proyecto de declaración contra el traslado del BNDG presentado en la Legislatura por Marcelo Ramal, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Luego, dejó correr el traslado ilegal de muestras y equipos. Finalmente, ratificó a Barañao. 

Las conclusiones son evidentes.
Estela Carlotto y las Abuelas oficialistas apoyaron a Barañao. Con su continuidad, Macri ratifica la orientación social de la ciencia pública al mismo tiempo que explora un punto de apoyo entre los organismos de derechos humanos que acompañaron su gestión.

No al desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos. No al traspaso.

http://hijosprensa.blogspot.com.ar/…/11/cambiar-para-peor.h…
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11/30/2015

Absolvieron a Relmu Ñanku de todos los cargos

En una audiencia de censura desarrollada en los tribunales de Zapala el jueves 26 de noviembre, se resolvió absolver a Relmu Ñanku del delito de “daño simple”. De esta manera finalizó el proceso judicial contra integrantes de la comunidad mapuche Winkul Newen. 

A fines de octubre, en un juicio histórico donde por primera vez en el país se conformó un tribunal intercultural integrado en un 50 por ciento por mapuche, fueron absueltos Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Raín, acusados por el delito de daño, y en el caso de Ñanku fue declarada no culpable del delito de “tentativa de homicidio” que pretendía imponer la fiscal Sandra Gonzalez Taboada y Marcelo Jofré y sí culpable de “daño simple”.

La causa se originó por los hechos ocurridos a fines del 2012 en el paraje El portezuelo, lugar que habita la comunidad Winkul Newen y donde estaban realizando un bloqueo a la empresa petrolera Apache. La oficial de justicia Mónica Pelayes, presionada por sus superiores y engañada por miembros de la empresa petrolera, se acercó al lugar con una notificación de desalojo y resultó herida por una piedra que le destrozó el rostro.

Luego de un proceso judicial que tuvo mucha repercusión en organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron y resistieron en la ciudad neuquina, finalmente la causa encontró su fin, marcando un antecedente muy importante para las luchas de los pueblos originarios en relación a la defensa de su territorio.

La instancia que continúa es la demanda civil que inició la oficial de justicia al Poder Judicial de la provincia y a la empresa petrolera Apache

11/26/2015

Presentación del informe anual sobre situación represiva en Argentina

HIJOS La Plata

Actualización 2015 del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.

Hace 19 años, CORREPI presentó por primera vez, en Plaza de Mayo, el Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, que reunía la información disponible de todos los casos de gatillo fácil, muertes en la tortura, en cárceles y otros lugares de detención, desapariciones y asesinatos en movilizaciones y manifestaciones, conocidos desde diciembre de 1983. La repercusión pública que tuvo el informe, y su utilidad como herramienta para conocer el real alcance de la represión a lo largo y ancho del país, determinó que ese trabajo se sistematizara, y así seguimos actualizando el Archivo, que en su momento comenzó con 262 casos y hoy registra más de 4.600 muertes en total. Alrededor del 65% de esos hechos ocurrieron después del 25 de mayo de 2003.

CORREPI continuó realizando este acto de denuncia de la represión bajo todos los gobiernos, desde aquel primer Archivo en 1996. Este año, el último bajo la gestión de los Kirchner, transcurridos más de 30 años desde el fin de la dictadura, volveremos a demostrar, con los datos en la mano, que la represión estatal, lejos de haber disminuido en estos años de relegitimación de las instituciones tras la rebelión popular de 2001, sigue creciendo, bajo viejas y nuevas formas, y que es, con sus matices y variantes, una política común de los distintos gobiernos.

Llegamos a un nuevo cierre de ciclo y traspaso de gobierno, del mismo modo que hemos llegado en ocasiones anteriores: con un gobierno que se lleva en la mochila los resultados del ajuste, y uno nuevo que llega para profundizarlo.

El jueves 26 de noviembre, en Plaza de Mayo, difundiremos los datos de este año, en el marco de un acto público que dará inicio a las 18:00, y del que participarán referentes de las principales luchas obreras y populares reprimidas a lo largo de los últimos doce años, lo que nos permitirá presentar un panorama de la situación represiva en todos los ámbitos y en todo el país. Será central, como todos los años, la intervención de los familiares de víctimas de la represión estatal organizados en CORREPI.

Miles de criminalizados por luchar; espionaje e infiltración sobre los sectores organizados; leyes antiterroristas; tercerización de la represión con patotas de la burocracia sindical; desaparecidos; militarización del territorio; gatillo fácil y “absoluciones fáciles” para los asesinos de uniforme; torturas y asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores; hostigamiento y verdugueo en los barrios; endurecimiento del sistema penal, serán algunos de los temas que se abordarán durante el transcurso del acto.

El Archivo completo, con su presentación, gráficos y tablas, estará disponible en CDs y en un material impreso que presentará su análisis pormenorizado junto a un Informe de la represión en los 12 años de gobiernos kirchneristas.

Los esperamos.


Contactos de prensa:

Matías Levonian: 1559780006
María del Carmen Verdú: 1544170659

11/12/2015

NO A LA REPRESIÓN EN MERLO

GACETILLA DE PRENSA

Los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia reclamamos el inmediato retiro de la infantería del predio que ocuparon 3.000 familias sin vivienda en la localidad de Merlo, Pcia. de Buenos Aires. 

Recordamos que hace pocos días atrás, la policía del Chaco se cobró la vida de Ángel Verón durante un reclamo de la misma naturaleza. Llevamos contabilizados 31 luchadores asesinados en protestas sociales durante la última década, incluyendo los muertos del Parque Indoamericano durante la represión conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana de Macri.

Ni un muerto más!
Respuesta a los reclamos populares!
No a la represión!

 Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
 Asociación por la Defensa  de la Libertad y los Derechos
del Pueblo ( LIBERPUEBLO)
 Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (APEMIA)
 Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
 Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
 Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)
 Colectivo Memoria Militante
 Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)

Mario Bosch, Militante por los derechos humanos, encapuchado, golpeado y amenazado

El abogado chaqueño Mario Bosch, querellante en juicios por delitos de lesa humanidad y presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, sufrió en la madrugada del miércoles un extraño robo en su casa. Dos encapuchados armados aparecieron en su pieza a las cinco de la mañana, lo esposaron como expertos, lo amordazaron, lo golpearon, se instalaron durante más de una hora y media pero llamativamente prefirieron dejar objetos de valor que estaban a la vista y no abrieron cajones con llave donde cualquiera presumiría que se guarda dinero. 
Ante de irse le advirtieron: “Vas a aprender a mirar mejor con quién te metés”.

Bosch es un histórico militante de derechos humanos, protagonista de los juicios a represores del Chaco desde fines de los 90. El comité a su cargo denuncia en forma permanente casos de violencia institucional: apremios ilegales y condiciones deficientes de detención en alcaidías, comisarías y cárceles. En septiembre advirtió que la tortura en las cárceles es un problema estructural, destacó que “en Chaco hay impunidad” y advirtió que “en los barrios con población mayoritariamente originaria el avasallamiento de derechos es realmente preocupante”.

Ayer le tocó ser víctima. Primero entró un encapuchado con pasamontañas, robusto. Bosch alcanzó a ver esposas que colgaban del pasacinto. El segundo, que en todo momento cumplió órdenes, le dio los primeros golpes. Lo esposaron con las manos atrás con un precinto de plástico, le dieron culatazos y le pidieron plata. Les dijo dónde guardaba 2500 pesos y le advirtieron “no te hagas pegar al pedo”. Bosch les indicó dónde tenía 1200 dólares. Después lo amordazaron y amenazaron con picanearlo. “Vos ya sabés lo que es eso”, dijo quien impartía órdenes. El abogado les dijo que se llevaran el auto, un reloj valioso, computadoras, pero nada de eso les interesó. Lo amenazaron con cortarle un dedo y le ataron las piernas para que no se moviera. “Vas a aprender a mirar mejor con quien te metés”, le dijo el sujeto que daba órdenes antes de irse, con la pistola en su cabeza. Bosch vinculó el robo a su actividad en los juicios a represores o en el Comité contra la Tortura. Destacó la tranquilidad de los encapuchados, su funcionamiento vertical y los objetos que no se llevaron.

11/03/2015

Piden sanción para el abogado Eduardo Soares por denunciar connivencia entre la fiscalía y la policía

Eduardo el “Negro” Soares, abogado comprometido en la defensa de luchadores populares es blanco de la presión judicial, que intenta sancionarlo por denunciar la connivencia entre la fiscalía y la policía en el armado de causas. Por ANRed

Hace más de un año al abogado Eduardo Soares le tocó defender a un menor de 16 años, hijo de un militante portuario. Al chico lo habían sacado de su casa rompiendo la puerta y ventanas, sin orden judicial y lo vincularon en una causa armada, acusándolo de un robo que no sólo no cometió sino que tampoco se produjo.
El expediente de la actuación judicial no es judicial porque no hay actas judiciales.
Todo, absolutamente todo lo actuado fue exclusiva y excluyentemente policial.

Cuando llegó el momento de la primera audiencia para determinar si la causa debía ir a juicio se encuentran cara a cara con el Fiscal, quien plantea que está todo probado y la causa tiene que ir a juicio. Soares le responde que se trata de una típica causa armada por la policía, carente de todo tipo de pruebas y que las constancias son todas falsas. Y agrega expresamente que todas esas actuaciones truchas han contado con el aval de la Fiscalía a quienes critica duramente.
En ese momento se produce un gran incidente donde el Fiscal interrumpe el alegato de Soares, la jueza también y le dicen que no van a permitir que alegue y diga esas cosas. El Fiscal exige que lo sancionen y la jueza hace lugar y determina que hay que pedirle a los Colegios de Abogados de Capital y de San Isidro donde está colegiado, que le implanten una sanción "por falta de decoro". También requirieron que lo separen de inmediato de la defensa del chico.

Solidaridad

Ahora, el 11 de noviembre, el “Negro” Soares tiene que comparecer a Juicio oral. Ante tal atropello, se solicita no sólo el acompañamiento al Juzgado, sino también unas breves líneas dirigidas al Juez del Juzgado Penal Juvenil Nro. 2 en la causa Nro. 2099, planteando la preocupación porque en el juicio no le permitieron expresarse libremente y ejercer la defensa sin restricciones de palabra y de planteos.
Sin que por ello tengan que sancionarlo.

MODELO DE NOTA PARA EL JUEZ

Señor Juez del Juzgado de Responsabilidad Juvenil Nro. 2 Departamento Judicial de Quilmes Avda. Hipólito Irigoyen 107 Quilmes Pcia. de Buenos Aires REFERENCIA: CAUSA Nro. 2099/15 Imputado menor Mario Agustín Luna Fulano de tal (el o los nombres que corresponda) en la causa Nro. 2099/15 imputado el menor Mario Agustín Luna, interviniendo la defensa del Dr. Eduardo Néstor Soares, nombre de (ONG o el colectivo que corresponda o en nombre propio)

Nos dirigimos a V.S. a fin de manifestarle lo siguiente: Tenemos a la vista el acta de de Elevación de la causa a juicio donde se ha dispuesto notificar a los Colegios de Abogados de Capital y San Isidro para sancionar al Defensor Dr. Soares por sus dichos relacionados con el alegato en la audiencia.- 
Como (persona u organización solidaria) con los perseguidos por causas armadas por el aparato policial, por torturas o arbitrariedades institucionales y además por haber presenciado las defensas ejercidas por el Dr. Soares, nos vemos obligados a decirle que jamás hemos visto que se intentara sancionar a un abogado por sus alegatos defensistas.- El Abogado defiende y los dichos de su defensa no pueden ser motivo de sanción cuando se efectúan con respeto tal como surge del acta de la audiencia.- Todo ello sin contar con el gran conocimiento que tenemos del Defensor en este caso.- El fiscal y la Jueza intentaron coartar el ejercicio constitucional de la defensa pretendiendo sancionar al defensor por el simple hecho de ejercer la defensa que le fuera encomendada.- 
Nos atemoriza y nos preocupa semejante actitud si nuevamente ahora el mismo representante del Ministerio Público intentara una vez más -ahora en el próximo Juicio- afectar el derecho constitucional a la defensa cortando su alegato o con la amenaza de sanciones.- 
Señor Juez mantenemos la esperanza de que se impida cualquier arbitrariedad que implique condiciona los dichos del Defensor en el juicio.- No sería ni justo ni etico.- Sin más lo saludamos con la consideración que Ud. se merece.- (firmas)

10/12/2015

NO HABRÁ NI OLVIDO, NI PERDÓN NI RECONCILIACIÓN

NO HABRÀ NI OLVIDO, NI PERDON NI RECONCILIACION
 
Desde algunos sectores se está impulsando la idea de un proceso de reconciliación con las FFAA y de seguridad.
Politicos, económicos y aún religiosos, estos sectores, pretenden un cierre a las reivindicaciones por memoria, verdad y justicia que enarbolan, en sus luchas, nuestro pueblo y sus organizaciones desde hace 40 años, olvidando que los delitos cometidos son imprescriptibles.

Se presenta como una "acción humanitaria" el cese de la presecución político/judicial de tales objetivos entendiendo que las "víctimas" son personas que no pueden enfrentar los avatares de juicios que los lleven a cumplir las condenas que les corresponden a partir de su avanzada edad, entre otros justificativos.

No es el primer intento que se manifiesta a lo largo de estos años ni tampoco el más original ni efectivo. Otros, han logrado largos años de impunidad para los genocidas que, en un importante número, la alcanzaron plenamente al haber fallecido sin haberse logrado someterlos a juicio.

Se pretende ahora que aquellos a los que si se consiguió enjuiciar, y en algunos pocos casos condenar, sean beneficiados por alguna forma de amnistía (tampoco es nuevo) a cambio de la apertura de archivos que restablezcan la identidad de los niños secuestrados/apropiados, más la ubicación de lugares de enterramientos de prisioneros políticos ejecutados para la restitución de los restos a los familiares.

Para tales objetivos requieren aquellos sectores distintos grados de complicidades de la sociedad civil que ven con agrado el cierre de las investigaciones que llevarían al esclarecimiento de sus propias responsabilidades en el genocidio.
Con muchísima dificultad se está avanzando justamente en ese sentido luego de varios años de haberse centrado las investigaciones sólo en el brazo ejecutor ( FFAA y de Seguridad) de la masacre y no en los responsables políticos de la misma.

Los abajo firmantes venimos a decir que repudiamos tales iniciativas elucubradas a espaldas de nuestra inconmovible voluntad de lograr justicia por todos los compañeros y castigo a todos los responsables.
Manifestamos firmemente que no habrá ni olvido ni perdón ni reconciliación con los genocidas y sus cómplices.
Y que llevaremos adelante todas las acciones necesarias para lograr frenar este nuevo intento de imponer impunidad.

Rolando Zanetta
Sol Bustamante
Susana Ancarola
Hugo Milito
Bernado Alberte (h)
Beatriz Lopez
Patricia Walsh
Graciela Draguicevich
Carlos Lordkipanidse
Mario Fukman
Carlos Loza
Blanca Garcia Alonso
Juan Fernandez
Eduardo Fernandez
Julio Santucho
Mercedea Alvariño Blanco
Daniel Cecchini
Andrea Benites-Dumont
Mabel Maidana
Feliciano Gallego Fernandez
Hugo Mario Torre
Ricardo Ruiz
Fernando Esteche
Cecilia Bianchi
Juan Jose del Giudice
Sergio Corleta
Gladis Aducci
Alicia Susana Quiros de Rapaport
Fernando Candiani
Stella Bassi
Julio Macera
Maria Cristina Forte Ventura
Susana Rearte
Diana Gallardo
Luis Mattini
Graciela Iturraspe
Efrain Espinoza
Cristina Rodriguez
Myriam Griselda Ramon
Jose Victor Ardiles
Gloria Gallegos
Horacio Romero
Marta Querejeta
Cristina Salvarezza
Federico Lopardo
Guillermo Bowie
Alicia T, Minni
Ramona Rodriguez
Carlos Entraigas
Gladys Sepulveda
Julio Fernandez
Alberto Bocles
Graciela Leda
Cristina Lucia Sarmiento
Maria Soledad Martinez
Raquel Garabaglia
Osvaldo Rojas
Lidia Callistra
Aurora Tumanichwili Penelon
Guillermo Lopez
Karina Surita
Marilina Lamonica
Marga Alarcon
Laura Ali
Yesika Casas
Miguel Martinez Herrera
Eduardo Naranjo
Diego Andreoli
Adriana Armanino
Maria Luces
Maria Claudia Fote
Teresa Diaz
Mario Rodriguez
Pedro Rodriguez
Adriana Gerez
Anabella Rodriguez Diaz
Pablo Rodriguez Diaz
Mario Rodriguez Diaz
Miguel Rodriguez Diaz
Maria Villareal Carlis A. Rodriguez
Nestor Suarez
Luciana Roca
Priscila Carabajal
Juan Carlos Giuliani
Martin Nestor Labro
Alejandro Pirola
Graciela Muro
Enrique Gandolfo
Alberto Mas
Norberto Señor
Marcelo Pirola
Osvaldo Barros
Margarita Cruz
Daniel Abraham
Emilio Grass
Gladis Quiroga
Roberto Felicetti
Federico Amoretti
Adriana Iacono
Juan Garberi
Ulises Gelos
Enrique Ferrari
Jorge Anibal Firpo
Viviana Niznik
Ruben Emperador
Haydee Villar

9/03/2015

¿Por qué hablarían los represores? Por Claudia Feld y Valentina Salvi *

El argumento de que los represores de la dictadura dirían la verdad sobre sus crímenes si no fueran perseguidos penalmente es tan falaz como el que sostiene que la acción penal impide que ellos rompan el silencio. Estos argumentos, que se presentan como dos caras de lo mismo, se desarman con sólo examinar qué dijeron públicamente los represores cuando contaron con impunidad para sus crímenes.

Entre el indulto de Menem y la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, muchos represores rompieron el silencio. Desde las declaraciones negacionistas de Massera hasta los exaltados ataques contra los organismos de derechos humanos de Etchecolatz, pasando por la defensa de la tortura del Turco Julián en Telenoche y de Astiz en la revista Tres Puntos, durante los ’90, los represores hablaron, sin condicionamientos y sin amenazas de castigos, y lo máximo que les ha ocurrido, en tal contexto, fueron juicios por apología del delito. Lo que hicieron, en todos los casos, fue poner en duda la verdad obtenida por la Conadep y el Juicio a los ex comandantes, negando lo que ya a esa altura era innegable y cuestionando el testimonio de sobrevivientes y familiares de desaparecidos.

 Y, por cierto, ninguno se arrepintió.

Ni siquiera Scilingo, cuyas declaraciones reimpulsaron el debate público sobre el pasado reciente en 1995, brindó informaciones que no se supieran: los llamados “vuelos de la muerte” que describió eran conocidos por declaraciones de sobrevivientes desde mucho antes. Tampoco dio los nombres de las 30 personas que dijo haber arrojado al mar. Si bien fue el único represor llevado a la Justicia en aquellos años, ya que fue citado por el juez Garzón en España y accedió voluntariamente a viajar (recordemos que Argentina respondió negativamente a todos los pedidos de extradición de los países europeos para juzgar a los represores), la experiencia demuestra que las declaraciones de represores que no se encuentran sometidos a un proceso judicial no incluyen necesariamente informaciones novedosas ni verdaderas; y mucho menos listas sobre lo ocurrido a los desaparecidos –tanto las personas adultas secuestradas y asesinadas como los niños apropiados–, de los que todavía hoy no se conoce su destino.
Sin embargo, a pesar de esta experiencia, muchas voces están tratando de instalar la idea de que los juicios por crímenes de lesa humanidad se hacen en detrimento de la verdad sobre los hechos. Los dichos del obispo Casaretto en un panel organizado por la UCA, diciendo que “cuando más justicia aplicamos, parece que menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada”, son sólo una entre muchas expresiones que van en ese sentido, publicadas mayormente por el diario La Nación.
Los juicios son escenarios de construcción de una verdad que surge por la confrontación de distintos testimonios y documentos. Tal como afirma el CELS, permitieron aportar una gran cantidad de información sobre el sistema desaparecedor. En ese marco, los tribunales constituyen un escenario particular de enunciación de la palabra de los represores. Si bien muchos acusados permanecen en silencio o reponen sus desgastados argumentos justificatorios y reivindicativos, unos pocos han roto el “pacto de silencio”. En la causa conocida como “Guerrieri I”, Eduardo Costanzo acusó a los miembros de la patota de la Quinta de Funes y aportó información –sólo conocida por los responsables, porque no hay sobrevivientes– para averiguar la identidad de una nieta luego recuperada. Otro ejemplo es el del cabo Miguel Angel Pérez que dio detalles, acusó al Ejército y lloró, moralmente abatido, frente a los jueces cordobeses que lo juzgaron.

¿En qué condiciones hablarían entonces los represores? ¿Lo harían seducidos por esta suerte de “cultura del diálogo” tal como propone la UCA? En Argentina, ya hubo escenas de diálogo que, sin embargo, estuvieron lejos de generar las condiciones para que los represores dijeran la verdad. Durante los años ’90, los conductores de los programas Tiempo nuevo, Hora clave y Hadad & Longobardi presentaron a su audiencia, en varias oportunidades, mesas en las que ponían a dialogar a represores, integrantes de Famus, miembros de organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de centros clandestinos y exmiembros de las organizaciones armadas. La imposibilidad de un diálogo, concebido en estos términos voluntaristas y al amparo de la impunidad, es decir sin un marco judicial que sustente las declaraciones efectuadas y proteja a las víctimas, llevó los dichos al sinuoso terreno de lo opinable. El punto más álgido fue cuando, en el programa de Grondona, Etchecolatz se cruzó en una fuerte discusión con el diputado Alfredo Bravo, quien fuera secuestrado y torturado por un grupo de tareas al mando de Camps, jefe directo de Etchecolatz. Revirtiendo las culpas y las acusaciones, Bravo tuvo que (volver a) defenderse de su torturador. La “cultura del diálogo” que esos programas promovieron otorgó a los represores el derecho a dar su opinión como un camino legítimo hacia la “reconciliación”, lo cual significó escuchar cómo, impiadosamente, revictimizaban a sus víctimas y a los familiares, echando sobre ellos un manto de sospechas e incluso amenazándolos.

Descalificando el escenario judicial, donde deben comparecer víctimas y victimarios, la UCA y otras universidades privadas proponen hoy un diálogo entre víctimas. Así intentan producir el pasaje, según el título de la mesa en la que se encontraron Larrabure y Morandini, “de la lógica del enfrentamiento a la cultura del diálogo”. Pero, ¿qué nueva verdad podrían decir las víctimas en ese encuentro con otras víctimas?, ¿qué verdad puede surgir de la igualación de las personas por su sufrimiento?, ¿es posible averiguar la verdad cuando ni siquiera es requerida la palabra de los responsables de la desaparición de personas y de la apropiación de niños? Esta propuesta de “diálogo” parece, por lo tanto, ubicar el terreno de la verdad fuera de las responsabilidades concretas: se trata del triunfo de la regla de “nadie”, donde todos son víctimas y nadie es culpable. Los voceros de esta propuesta no están intentando, por lo tanto, conocer información hasta hoy desconocida, que los represores siguen ocultando, sino instalar una verdad exculpatoria. Esta es la verdad que propugnan, la que justifica el camino a la impunidad.

* Investigadoras del Conicet.